Iniciativa busca reconocer a las empresas que han tomado acción en favor de la inclusión socioeconómica de las personas refugiadas
ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, Pacto Global de Naciones Unidas Red Ecuador y el Programa Sin Fronteras presentaron la iniciativa “Sello Empresa Inclusiva”. Durante el evento, denominado «Buenas prácticas para generar una Cultura Laboral Inclusiva», se dio a conocer detalles sobre esta iniciativa, que reconoce a las empresas que han tomado acción en favor de la inclusión socioeconómica de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y en movilidad humana en Ecuador.
Jorge Rosillo, presidente de Pacto Global Ecuador, señaló que esta propuesta surgió “desde una perspectiva que establezca las conexiones entre el éxito empresarial con el progreso social, aportando acciones efectivas y duraderas de integración socioeconómica”.
Además, Rosillo precisó que el impulso de esta iniciativa forma parte de los compromisos del sector empresarial para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, en especial en temas como la implementación de una movilidad humana digna e inclusiva.
Ecuador es uno de los países latinoamericanos que acoge a un alto número de personas reconocidas como refugiadas en la región y es el tercer país que registra la mayor población de personas refugiadas y migrantes de Venezuela, después de Colombia y Perú. Se estima que más de medio millón de personas se encuentran en situación de refugio y migración en el territorio nacional. Más de la mitad de estas personas están en una edad productiva y tienen la capacidad de contribuir al desarrollo del país. Por ello, desde Pacto Global Ecuador, se busca promover un crecimiento económico inclusivo y sostenido puede impulsar el progreso, crear empleos y mejorar la calidad de vida de todas las personas, incluyendo aquellas de la comunidad de acogida.
El Sello Empresa Inclusiva hace parte del programa «Empresas con Personas Refugiadas», una iniciativa para impulsar el rol del sector privado en la inclusión socioeconómica de las personas refugiadas y sus comunidades de acogida en el país, promoviendo los derechos humanos en las prácticas corporativas y comerciales.