Alrededor de 20.800 personas con enfermedad renal requieren actualmente terapia de reemplazo renal en Ecuador, según estimaciones del Ministerio de Salud Pública (MSP) y datos manejados por el Frente de Pacientes Renales. Para quienes se encuentran en etapas avanzadas de la enfermedad, la diálisis es un tratamiento vital que requiere sesiones periódicas, por lo que cualquier interrupción en el acceso puede generar graves consecuencias para su salud.

Nueve de cada diez pacientes que necesitan diálisis dependen de la hemodiálisis, mientras enfermedades como la hipertensión y la diabetes continúan entre los principales factores de riesgo para el deterioro de la función renal. En este contexto, pacientes, familiares y representantes del Frente de Pacientes Renales realizaron un plantón simbólico simultáneo en Quito, Guayaquil, Portoviejo y Babahoyo, utilizando sillas para representar a quienes actualmente dependen de estos tratamientos, a personas en riesgo de desarrollar la enfermedad y a pacientes que han perdido la vida ante las dificultades del sistema sanitario.

Uno de los principales reclamos está relacionado con la deuda del Estado con clínicas y centros de diálisis, que bordea los USD 400 millones, según cifras difundidas por representantes y especialistas. Los pagos pendientes generan presión sobre la sostenibilidad de los prestadores y preocupación entre los pacientes sobre la continuidad de los servicios. Aunque Ecuador cuenta con herramientas como el Registro Ecuatoriano de Diálisis y Trasplante (REDT), guías clínicas, protocolos de derivación y un tarifario nacional, el desafío está en garantizar que estos mecanismos se traduzcan en una atención efectiva y sostenible.

Los participantes de la jornada plantearon la necesidad de una política integral de salud renal que incluya prevención, diagnóstico oportuno, acceso a medicamentos, atención especializada, diálisis segura y continua, fortalecimiento de los procesos de trasplante y un esquema de financiamiento sostenible. Con el mensaje “20.800 historias. Una espera que no puede continuar”, la sociedad civil busca mantener la enfermedad renal en la agenda pública y llamar a las autoridades a adoptar medidas que permitan garantizar el tratamiento de quienes actualmente dependen de la diálisis y prevenir nuevos casos.