La entrada en vigor de la Ley Orgánica de Ciberseguridad marca un nuevo escenario para las empresas e instituciones en Ecuador, al establecer obligaciones orientadas a fortalecer la protección de la información, la gestión de riesgos digitales y la continuidad operativa. La normativa exige a las organizaciones implementar capacidades de prevención, monitoreo y respuesta frente a incidentes, con el objetivo de proteger infraestructuras críticas, servicios esenciales y la confianza de los usuarios.

La necesidad de fortalecer la ciberresiliencia se evidencia en el Global Cybersecurity Outlook 2026 del Foro Económico Mundial, que revela que el 23 % de las organizaciones del sector público considera insuficientes sus capacidades para enfrentar amenazas digitales, frente al 11 % del sector privado. En América Latina y el Caribe, apenas el 13 % de las organizaciones confía en la preparación de la región para responder a incidentes de ciberseguridad, reflejando uno de los niveles más bajos a escala mundial.

Uno de los principales cambios que introduce la Ley es la obligación de reportar incidentes de ciberseguridad en un plazo máximo de 72 horas, además de implementar mecanismos permanentes de gestión de riesgos, monitoreo y programas de cumplimiento. Para José Escobar, gerente de Data Center & Ciberseguridad de SONDA Ecuador, este marco legal obliga a las organizaciones a evolucionar de un enfoque reactivo hacia uno preventivo. El especialista recomienda fortalecer cinco pilares: gestión continua del riesgo, monitoreo y detección temprana, respuesta y recuperación ante incidentes, gobierno y cumplimiento en ciberseguridad, y continuidad operativa con resiliencia digital.

La legislación también contempla un régimen sancionatorio que clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves, con multas que pueden oscilar entre el 0,1 % y el 1,5 % de la facturación anual de las organizaciones que incumplan la normativa. Factores como el daño ocasionado, la reincidencia, el nivel de riesgo y la existencia de programas de cumplimiento serán determinantes para establecer las sanciones. En este contexto, la ciberseguridad se consolida como una prioridad estratégica para las empresas, que deberán adaptar sus procesos para cumplir con la nueva regulación y fortalecer su resiliencia frente a las crecientes amenazas digitales.